Cambian las etiquetas, los
lineamientos locales, los detalles cartográficos.
En su médula, el continente se encuentra
a merced de los cuatro jinetes del mercado:
privatización territorial, enajenamiento
de recursos naturales, acaparamiento genético
y racismo ambiental. Un trasfondo muy perturbador
para esos gobiernos latinoamericanos que se
jactan hoy de "populares", "democráticos"
y relativamente "independientes"
del gobierno estadunidense y la globalización.
Congresos como el mexicano alfombran el camino
a la intervención extranjera en nuestros
recursos genéticos con la iniciativa
(aprobada ya por el senado) de Ley federal
para el acceso y aprovechamiento de los recursos
biológicos y genéticos; más
la "ley Monsanto". Presidentes como
el peruano, el chileno y el argentino expulsan
ahora mismo a los pueblos aymará, mapuche
y wichi de sus tierras originarias. Y como
en Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia y
Ecuador, los poderes judiciales están
al servicio de todo lo anterior.
El analista Alfredo Seguel,
quien ha trabajado largamente con los mapuche
en la agrupación de técnicos
y profesionales de Temuko- Konapewman, reflexiona
en un ensayo reciente sobre el racismo ambiental
que sufren hoy los indígenas del extremo
sur: "Es una violación de derechos
humanos, y una forma de discriminación
causada por gobiernos y políticas del
sector privado, prácticas, acciones
o inacciones, que intencionalmente o no, agreden
el ambiente, la salud, biodiversidad, la economía
local, y la calidad de vida".
Apunta que el análisis
"a las políticas públicas
de tierras no se puede limitar exclusivamente
a las acciones u omisiones dentro de su legislatura
'indigenista'". La política de
los Estados está estrechamente ligada
a la globalización económica,
cuyos impactos repercuten principalmente en
los territorios de sectores sociales vulnerables,
como los indígenas. Así, "la
territorialidad, no entendida como aspecto
simbólico sino como el soporte material
y espiritual para la existencia del pueblo
mapuche, ha sido víctima de políticas
locales y globales con graves consecuencias
ambientales, culturales y económicas".
El pueblo mapuche reivindica
el derecho "a ejercer un control efectivo
sobre sus territorios en Chile y Argentina
y establecer su propio desarrollo, principalmente
ante la desprotección de su territorialidad,
que ha llevado a la privatización de
derechos de agua, del mar y borde costero,
la expansión de plantaciones forestales,
la constitución de concesiones mineras
y explotación de hidrocarburos, el
patentamiento de germoplasma, grandes obras
viales, industriales, energéticas,
turísticas, la instalación de
vertederos". Todo, a nombre de un modelo
de desarrollo y progreso "que en realidad
es 'crecimiento económico' en beneficio
directo de grandes compañías
y transnacionales, en desmedro de una larga
lista de comunidades que han tenido que sacrificar
la calidad de vida, su ambiente y arriesgar
su salud y su seguridad".
El racismo ambiental, insiste
Seguel, "es una forma de discriminación
ocasionada por las políticas públicas
o privadas, que se manifiesta en la intención
de que los costos ambientales sean asumidos
por un grupo determinado de la población
o en la exclusión manifiesta de este
grupo en la toma de decisiones que afectan
sus vidas". Considera fundamental la
erradicación de este tipo de prácticas,
junto con la transformación de las
actuales relaciones sociales e institucionales,
cuyas bases se siguen proyectando en materia
de comercio e inversiones a la luz de la negación
continua de los derechos, títulos y
jurisdicción del pueblo mapuche y sus
comunidades.
Ilustra el caso de la empresa
Repsol/ypf, que durante la última década
sacó millones de barriles de crudo
de la provincia de Neuquén (Argentina),
y dejó una grave contaminación
del suelo, aire y agua, además del
impacto sociocultural sobre las comunidades.
Hoy, 25 familias de Kaxipayiñ y Paynemil
deben convivir con 65 pozos en su territorio,
ductos y mecheros de venteo de gas. Sus efectos
se asocian ya con casos de anancefalia, crías
animales con malformaciones, familias enteras
envenenadas por materiales pesados (plomo,
cadmio, arsénico, níquel, aluminio,
manganeso). Todo, a causa de la explotación
de hidrocarburos, principalmente en Loma de
la Lata.
Seguel menciona también
el Complejo Turístico Chapelco, dedicado
al esquí, que ha provocado la contaminación
del agua de las comunidades mapuche Curruhuinca.
La concesión del cerro Chapelco recae
en empresarios "amparados por el poder
político local y provincial".
También en Argentina, las empresas
que explotan minas de oro y que contaminan
gravemente el ambiente con cianuro, ponen
en riesgo a las familias mapuche en la provincia
patagónica de Chubut, hecho que se
repite en Puelmapu. La empresa canadiense
Meridian Gold, que intenta explotar minas
de oro en la Patagonia, ha encontrado "una
importante resistencia de la población".
En Chile, la compañía
española Endesa, aliada con los gobiernos
de Frei y Lagos, "sumió a la población
mapuche-pewenche de Alto Bio Bio en la más
grave división interna que ha vivido
desde la conquista, hoy trastocada y dislocada
para la inundación de una represa hidroeléctrica
con una inversión de 570 millones de
dólares y un embalse de mil 222 metros
cúbicos, afectando la biodiversidad
del Alto Bio-Bio, y terminando con las comunidades".
En la Araucanía, "más
del 70 por ciento de los recintos de basura
se encuentran en comunidades mapuche",
mientras la globalización forestal
agudizó los conflictos territoriales
entre las comunidades y las compañías,
a causa de los impactos negativos de la industria
forestal, además de la imposición
de monocultivos exóticos (pino y ecucalipto),
plaguicidas, sequía, pérdida
de suelos e introducción de transgénicos.
Por su parte, Fortunato Escobar,
de la Corporación para Infraestructura
Socio Económica y Transformación
Agropecuaria y miembro del Consejo Indio de
Sudamérica, denunció el 29 de
abril que el Decreto Supremo para crear en
Perú la reserva nacional Ayamara Lupaqa
"no es otra cosa que una estretegia de
ocupación de tierras indígenas"
promovida por el presidente Alejandro Toledo.
Con una área de 300
mil hectáreas, la nueva "reserva"
afecta los distritos de Capaso, Condoriri
y Masu Cruz (provincias de El Collao y Chucuito).
Igualmente la zona de amortiguamiento afecta
a los distrito de Pizacoma, Huacullani, Zepita
y Desaguadero.
"¿En que medida
es verdad el discurso de conservación,
y eso de que las comunidades campesinas/ indígenas
'no saben conservar' los recursos naturales?
¿En qué medida las comunidades
indígenas campesinas saben si esto
será beneficioso o contradictorio?",
se pregunta Escobar, para concluir que los
pueblos pasarán a ser "inquilinos"
de sus tierras, pues el gobierno "será
libre de concesionar u ordenar el trasvase
de aguas, tal como quiere hacer actualmente
con las comunidades alto andinas de Puno.
Libre de concesionar a personas o entidades
cuando los crea conveniente, o expulsar a
los que son dueños".
Algunos de los comuneros
afectados manifiestan que "nunca fueron
consultados, sólo mencionan haber asistido
a algunos talleres de capacitación
con prebendas clientelares". Ni siquiera
se conocen los estudios de impacto ambiental.
Un caso más es el
que enfrenta la comunidad wichi de la reserva
General Pizarro en Salta (Argentina), a la
que primero se le enajenó una "reserva"
y luego se vendió. En 1995 se declaró
"area protegida", pero en 2004 se
puso a la venta mediante licitación
pública. Everest sa, la empresa compradora,
pretende desmontar la antes protegida reserva
salteña.
Según el sitio Ecoportal.com,
la comunidad denuncia que el proceso "viola
directamente sus derechos constitucionales
a participar en la gestión de sus recursos
naturales y demás intereses que los
afecten: la tierra, la protección del
medio ambiente, su identidad e integridad
cultural". (HB)
Fuente de Salto del Agua, 1895.
Anónimo
